Parece que a las grandes empresas o multinacionales no se les ha puesto ninguna condición a la hora de decidir dónde colocar sus proyectos. Son completamente libres de decidir qué van a destruir con su implantación. Únicamente, guiadas por índices o factores económicos como el precio de las tierras por la ruina, el abandono de los agricultores y ganaderos durante décadas y la escasa población incapaz de defender o quejarse ante las agresiones al territorio. Agresión basada en la indefensión económica, numérica, legal y medioambiental de los municipios.
O vemos cómo se abandona y se descuida la mejor tecnología para fijar CO2 que existe, nuestros bosques y la fertilidad de la tierra que evitan que el campo parezca un desierto.
Únicamente, los estudios de impacto ambiental les ponen freno. Siendo que: se negocia ampliamente con las empresas y se les deja tomar todo tipo de medidas compensatorias y rectificaciones que no hacen más que alentar a que este tipo de proyectos se multipliquen y amenacen a los pueblos más indefensos.
Mientras que treinta días hábiles es lo que tienen los ciudadanos, si se enteran de la publicación en el BOE, para presentar sus alegaciones a los proyectos. Muchas veces sin mediar contestación o información alguna por parte de Consellerías y Ministerios, en una larga e insoportable espera para poder respirar y dormir tranquilos, libres de la amenaza oscura y de estos proyectos deshumanizados.
Se nos ocurren multitud de acciones legislativas para remediar esta situación. Nunca antes habíamos visto a las instituciones de gobierno volverse contra los que les mantienen y de donde nace su poder, contra sus ciudadanos, de una manera tan descarada y desalentadora.
- Que las empresas fotovoltaicas estén obligadas a dialogar y consensuar obligatoriamente con los habitantes de un municipio para su implantación. Impidiéndoles actuar a espaldas y en contra de los ciudadanos.
- Limitar el tamaño de estas instalaciones a uno que no destroce los ecosistemas, el paisaje, el turismo… Sin permitir la fragmentación de proyectos.
- Priorizar lo ya degradado y humanizado a pesar de que resulte menos lucrativo a nivel económico.
- Respetar un tanto por ciento de áreas verdes dentro de los proyectos, franjas, zonas con arbolado, arbustos que mitiguen el efecto isla de calor, etc.
- Corredores verdes que faciliten la movilidad de los invertebrados y mamíferos. De manera que se minimice el impacto en los ecosistemas y el entorno. Igual que se hace en los polígonos industriales.
- Participación obligatoria de los municipios y habitantes como dueños de un tanto por ciento del proyecto. Prohibiendo que sea totalmente privado y fomentando la participación pública como medida compensatoria de obligado cumplimiento. Esta medida compensatoria debe generar bienestar y riqueza en el propio municipio a largo plazo.
- Consumo de proximidad de la energía eléctrica obligatorio que fomente municipios y comunidades y comarcas autosuficientes.
- Prohibir la instalación de plantas fotovoltaicas en zonas que sean de alta sensibilidad, rechazando los proyectos sin más preámbulo. Sería una manera de acelerar el proceso ecológico y medioambiental de implantación. No en red Natura 2000, PN, PNM, microreservas de flora, patrimonio cultural, ni áreas con peligro de desertificación, áreas con alta biodiversidad, o áreas
con valores ecosistémicos y económicos fundamentales para los municipios. - Implantar un sistema que valore no solo la capacidad agronómica de las tierras, sino la biodiversidad que albergan y los servicios ecosistémicos. Poner el foco en hacer estudios de biodiversidad que sean el motor de la conservación de los territorios y los terrenos. No priorizar únicamente el aprovechamiento y el rendimiento económico por encima de todo. Tener en cuenta índices de biodiversidad.
- Contabilizar el CO2 que se está reteniendo gracias a la vegetación y la producción agrícola del territorio. Y obligar a las empresas a que en el propio municipio tengan que invertir en acciones que establezcan una compensación medioambiental.
- Contabilizar el CO2 que supone extraer y transportar el material necesario para las macroplantas fotovoltaicas y eólicas, así como su construcción/desmantelamiento y que eso se tenga en cuenta a la hora de valorar los proyectos. Teniendo en consideración el impacto medioambiental que supone la extracción de los materiales en los países de origen y la forma ética, ecológica y respetuosa con las comunidades y el medioambiente. Respetando los derechos humanos y de las comunidades.
Aquí quedan estas medidas sencillas, directas y eficaces que supondría poner un firme “SI” sobre la mesa para los pueblos, el territorio, contra el cambio climático y a favor de las personas y la biodiversidad. Esperemos que el amor a la tierra y a todos los que la compartimos se abra paso en la conciencia de los políticos y sean capaces de anteponer lo más importante que es la vida, frente al lucro y la avaricia de unos pocos que, sin duda, ya tienen más de lo que necesitan para vivir.
Por Maeba Sánchez
Asociación por la Recuperación del Bosque Autóctono en el Alto Palancia