La Plataforma Ecologista Madrileña advierte que la nueva norma supondrá un cambio de modelo sin precedentes. La norma elimina los planes generales, debilita la protección ambiental y patrimonial, ignora la emergencia climática y mantiene un urbanismo al servicio del mercado. Además, no recupera las cesiones de suelo del promotor para vivienda social protegida, despojando al urbanismo de su función social.
La Plataforma Ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo y Ordenación del Territorio impulsado por el Gobierno regional, advirtiendo de que el texto rompe con el modelo de urbanismo público vigente y entrega el control del territorio a la iniciativa privada.
El anteproyecto sustituye los planes generales de ordenación urbana, que garantizaban coherencia y control público, por planes estratégicos y ejecutivos fragmentados, modificables y con escasa capacidad de supervisión. Este cambio supone el fin del urbanismo como herramienta de interés general y abre paso a una gestión del territorio orientada exclusivamente a la rentabilidad.
Uno de los silencios más graves de la nueva ley es la ausencia de cualquier medida que recupere las cesiones obligatorias de suelo para la construcción de vivienda protegida, suprimidas en 2009. La Plataforma subraya que es imprescindible revertir aquellas modificaciones y devolver a la vivienda protegida su carácter de dotación pública demanial, es decir, inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin esta recuperación, el acceso a la vivienda seguirá dependiendo de los intereses del mercado y no de las necesidades sociales.
Los objetivos que marcarán la nueva ley tampoco asumen los retos del cambio climático ni de la regeneración urbana. En lugar de impulsar la renaturalización de las ciudades, la eficiencia energética o la reutilización del suelo ya urbanizado, facilita la ocupación del suelo no urbanizable, incluso en espacios con valor agrícola, forestal o paisajístico. “Esta ley no frena la destrucción del territorio: la acelera. En lugar de adaptar el urbanismo a la crisis climática, lo pone al servicio de la expansión inmobiliaria”, denuncia la Plataforma.
«La Comunidad de Madrid renuncia a un urbanismo sostenible y justo, y opta por un modelo depredador que convierte el suelo en mercancía y el territorio en campo de negocio”, concluye la Plataforma
Otro retroceso destacado es la degradación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que dejan de formar parte del planeamiento para convertirse en meros instrumentos complementarios, sin fuerza normativa. Esta decisión vacía de contenido la protección del patrimonio histórico, cultural y natural, permitiendo intervenciones sobre entornos y paisajes que hoy cuentan con amparo urbanístico.
Para la Plataforma Ecologista Madrileña, la nueva ley institucionalizará la desregulación y la privatización del urbanismo, sustituyendo la planificación pública por la gestión a demanda de promotores. En lugar de reforzar la función social del suelo y la participación ciudadana, el texto reduce el control democrático y amplía el poder discrecional de la administración y de los intereses privados.
“La Comunidad de Madrid renuncia a un urbanismo sostenible y justo, y opta por un modelo depredador que convierte el suelo en mercancía y el territorio en campo de negocio”, concluye la Plataforma. “Es urgente frenar este anteproyecto y abrir un proceso participativo que recupere el urbanismo como herramienta de equidad, sostenibilidad y derecho a la vivienda”.
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Terrenos de cultivo y encinar, en El Molar, sobre los que se pretende construir una nueva ciudad de más de 6000 viviendas desde hace décadas. La nueva ley favorecería este desarrollo innecesario.
10 de octubre de 2025