Los incendios forestales, además de suponer un drama humano conllevan devastación ambiental. Solo en los incendios del suroeste de Madrid y de Burgohondo en Ávila se han calcinado más de 50.000 hectáreas. La Plataforma Ecologista Madrileña analiza las consecuencias del mayor de los incendios forestales en España y alerta sobre la responsabilidad negligente de las administraciones y el desconocimiento ciudadano en la generación de escenarios de alto riesgo y, sobre todo, en la invisibilidad de las causas que originan estos incendios y la impunidad con la que se actúa.
Un impacto ambiental que se ceba en los espacios protegidos
El impacto de los incendios forestales sobre zonas protegidas por su alto valor ecológico es preocupante. Solo en 2026 y según datos de EFFIS – European Forest Fire Information System, entre los incendios mayores de 5.000 hectáreas, como Los Gallardos (Almería), La Vall d’Uxió (Catellón), Fermoselle (Zamora), La Mierla Guadalajara, Suroeste de Madrid y Burgohondo (Ávila), se han calcinado 89.597 hectáreas de espacios protegidos Red Natura 2000, una superficie similar a la de los municipios de Madrid, Alcobendas,Tres Cantos, Colmenar Viejo y Torrelodones, juntos.
En concreto, en los incendios del suroeste de Madrid y de Ávila se han calcinado 52.405 hectáreas de espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000, como las Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio, en Madrid y los Pinares del bajo Alberche, Valle de Iruelas y Valle del Tiétar, en Ávila (ver Imagen 1). Buena parte de esta superficie, constituida por encinares y pinares de pino piñonero y pino resinero se superpone de Montes de Utilidad Pública de ambas provincias, en concreto 20.551 hectáreas. Se trata de auténticos santuarios de biodiversidad, interrelacionados entre sí, que albergaban especies de fauna muy diversa, algunas de ellas en peligro de extinción como el buitre negro o la cigüeña negra o de especial interés como el buitre leonado.
La destrucción de estos ecosistemas no es solo una pérdida local, es un impacto importante para la biodiversidad madrileña y abulense y para el patrimonio natural de la ciudadanía, que no se puede cuantificar en términos económicos. Este impacto ambiental, que se suma al drama humano, merece ser reconocido y que se exijan responsabilidades.
Imagen 1. En azul área quemada por los incendios del suroeste de Madrid y Burgohondo (Avila). En verde los espacios Red Natura 2000
Las causas: el 81% de los incendios son intencionados o se originan por negligencias
A juicio del colectivo ecologista, un año más se deja fuera del debate del fuego la importancia de atajar las causas que los originan. Ninguno de los mayores incendios sucedidos este verano habría ocurrido si alguien no lo hubiera prendido.
Los ejemplos son evidentes:
- Almorox-Villa del Prado (Toledo-Madrid): dos personas detenidas por realizar trabajos ilegales de soldadura con una radial en pleno monte, con riesgo extremo de incendios.
- Burgohondo (Ávila): maquinaria agrícola causó el incendio que se unió al de Almorox.
- La Mierla (Guadalajara): se inició por los trabajos de maquinaria agrícola.
- Fermoselle (Zamora): una barbacoa mal apagada.
- Luesia (Zaragoza): una empacadora agrícola.
- La Vall d’Uixó (Castellón): método del “mecherazo” o aplicación directa de fuente de calor.
- Los Gallardos (Almería): un cable eléctrico en mal estado.
Los datos son elocuentes, según el informe “Los incendios Forestales en España. Decenio 2005-2016”, último publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: el 53 % de los incendios (incluyendo quemas agrícolas y para obtención de pastos) con afección al 60% de la superficie quemada fueron intencionados y el 28 % fueron negligencias y accidentes. En total, un 81% de los incendios serían evitables o, al menos, podrían reducirse ostensiblemente si los programas de prevención de incendios se basaran e las investigaciones sobre causalidad, como establece la Ley 43/2003 de Montes, norma estatal. Sin embargo, el esfuerzo por prevenir el origen del fuego queda opacado por el debate genérico y recurrente sobre la “limpieza de montes”.
Teniendo en cuenta el escenario de cambio climático por el que atraviesa el planeta, con aumentos de temperatura, reducción de la humedad ambiental y fuertes vientos, la posibilidad de que un conato evolucione a un gran incendio es elevada. Por ello es necesario reducir el número de incendios, al tiempo que se tomen medidas preventivas en las zonas de mayor riesgo como son los entornos urbanos e instalaciones en zonas forestales, caminos, vías de comunicación.
A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, sería esencial reforzar los medios de investigación de los responsables que causan los incendios forestales y aplicarles las sanciones administrativas o penales que correspondan. Es necesario romper la sensación de impunidad que rodea los incendios forestales provocados.
Mayor esfuerzo en medidas disciplinarias y punitivas contra los incendiarios
En este sentido, y de acuerdo a la Memoria 2025 de la Fiscalía General del Estado, como resultado de la intervención policial, fueron detenidas o investigadas un total de 306 personas por incendios ocurridos durante 2024. En ese mismo año se produjeron 1.733 incendios, dieciséis de ellos grandes incendios (superior a 500 hectáreas) y 4.401 conatos. Por tanto, el porcentaje de detenidos, frente al número de incendios (descontando conatos) correspondería al 18 %. Se desconoce de las detenciones, cuántas terminaron en condena. Queda mucho por avanzar en este aspecto.
Una gestión urbanística que favorece el beneficio lucrativo, no a las personas ni a los bosques
Las nefastas consecuencias que los incendios forestales tienen, en los últimos años, sobre la población y los bienes materiales, no es una fatalidad. Es la consecuencia de un modelo que ha priorizado los intereses económicos y la especulación urbanística por encima de la seguridad de las personas y la protección de los montes. La Plataforma Ecologista Madrileña, llama la atención sobre la urbanización dispersa en suelo forestal y el incumplimiento sistemático de las medidas de seguridad.
Desde 1972, con la entrada en vigor del Reglamento sobre incendios forestales, existe la obligación de ejecutar medidas de prevención en el entorno de caminos y carreteras y, en relación a diversas actividades humanas de riesgo. Entre ellas, los asentamientos urbanos en suelo forestal o situados a menos de 400 metros, cuando exista peligro de incendios. Entonces, ya se establecía la obligación de contar con fajas de 15 metros de anchura, aclaradas de vegetación, rodeando los asentamientos humanos. Sin embargo son numerosas las urbanizaciones surgidas en aquellos años sin que se les obligara a cumplir con esa condición (Valdemorillo, San Martín de Valdeiglesias, El Escorial, Galapagar, Las Rozas, Torrelodones, Batres).
Con la llegada de la democracia, la competencia pasó a las comunidades autónomas, quienes en muchos casos incrementaron la anchura de esa faja de protección. En el caso de la Comunidad de Madrid, según el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), la faja de protección, en torno a viviendas, en zonas de alto riesgo de incendios (ZAR), se establece en 30 metros. Sin embargo, el traspaso de competencias tampoco sirvió para que la normativa se cumpliera. El motivo principal radica en que la faja de protección debería desarrollarse dentro del ámbito urbanístico a desarrollar y eso reduce el aprovechamiento lucrativo del promotor que se vería obligado a retranquear la primera línea de viviendas a 30 metros desde la zona forestal. Pocas veces los ayuntamientos y la administración regional exigen el cumplimiento de esas medidas de seguridad, el resultado es una red difusa de edificaciones, urbanizaciones, campings, instalaciones industriales con un alto riesgo para residentes y usuarios.
Un problema asociado a la falta de cumplimiento de la creación de las fajas de protección dentro del ámbito urbano es que, una vez, construida la urbanización, la zona de seguridad hay que realizarla sobre el monte colindante a la urbanización. Si esa zona forestal es pública, es la administración la que carga con los costes de la actuación. Cuando el monte colindante es privado, la situación se agrava porque el particular no va a sumir un gasto que corresponden al municipio o al órgano gestor de la urbanización.
Las medidas de seguridad de los PAMIF y los PAIF que tampoco se cumplen
En 2022, en plena oleada de incendios, el Gobierno de España aprobó el Real Decreto-ley 15/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de incendios forestales. Esta norma obliga a que todas las comunidades autónomas aprueben planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendio forestales. Para el caso de la Comunidad de Madrid, el Plan Anual 2026, remite al INFOMA en relación a la obligación de que los asentamientos humanos cuenten con esa misma faja perimetral de protección de 30 metros.
Estas determinaciones deben implementarse y ejecutarse a través de los Planes de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales (PAMIF) que redactan los ayuntamientos incluidos en ZAR y de los Planes de Autoprotección ante Emergencias por Incendios Forestales (PAIF) que redactan las personas responsables de cada asentamiento (urbanizaciones, campings, instalaciones industriales y edificaciones aisladas). El PAIF intenta reducir el riesgo de las zonas de contacto o interfaz urbano forestal. Tanto para el PAMIF como para los PAIF, los responsables de la aprobación y vigilancia de su aplicación son los ayuntamientos.
Según el Plan Anual 2026 de la Comunidad de Madrid, de los 42 municipios obligados a contar con PAMIF, lo han aprobado 33. En cuanto a los PAIF, de las 2.930 zonas de interfaz urbano forestal existentes, con una extensión de 23.699 hectáreas, solo se han aprobado 68 PAIF, lo que supone el 2,3%. En relación a si, en los 68 PAIF aprobados, se ha cumplido con el aclareo de vegetación, en una franja de 30 metros, en torno a estos asentamientos, es una información que no se ha facilitado por la Comunidad de Madrid.
En definitiva, a pesar de que con el tiempo ha proliferado la normativa que exige la implementación de medidas de seguridad en torno a los núcleos urbanos, la realidad es que se ha cumplido escasamente.
La dificultad para actuar sobre montes de titularidad privada
Según el Anuario de Estadística Forestal 2024 , España cuenta con una superficie forestal de 28.580.121 hectáreas (19.443.287 arboladas y 9.136.834 desarboladas), lo que corresponde al 56% del territorio nacional. La mayor parte de esa superficie es privada (el 71% de la superficie arbolada y el 75 de la desarbolada). Para el caso de la Comunidad de Madrid, la superficie forestal asciende a 438.262 hectáreas. El 62% es de titularidad privada y el 33% pública (existe alrededor de un 5% de superficie forestal cuya titularidad se desconoce, según el Cuarto Inventario Forestal Nacional).
La gestión de los montes privados, tal y como establece la Ley de Montes estatal y la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid es competencia de sus titulares. La administración pública no puede actuar sobre montes privados, salvo que exista previamente algún negocio jurídico que así lo habilite. Por tanto la ordenación de los montes privados y los aprovechamientos de los productos maderables y no maderables depende de sus titulares. Por ello, si los montes están abandonados es por responsabilidad de sus propietarios, sean la administración o particulares. Los colectivos ecologistas carecen de competencia ni de posibilidad de influir porque los instrumentos de ordenación forestal, ni siquiera se someten a información pública. Igual sucede para el aprovechamiento, las leñas, los frutos, los hongos, las piñas son propiedad del titular del monte y son ellos, a través de los instrumentos de gestión, quienes regulan si la población puede o no recoger libremente sus frutos. Solo para el caso de montes incluidos en espacios protegidos puede existir alguna normativa adicional.
La Ley LIDER: un paso atrás que agravará el problema
Esta grave situación de riesgo va a incrementarse exponencialmente con la nueva normativa que tramita el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER). Este Proyecto de Ley que el Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente, facilitará la construcción de nuevos núcleos urbanos dispersos y viviendas aisladas en suelo rural, incluido el suelo forestal.
El problema es que, una vez autorizadas estas construcciones, la responsabilidad de crear las franjas de protección y la seguridad recaerá sobre los titulares de los montes, perpetuando un modelo que ya ha demostrado ser un fracaso. La administración, en lugar de priorizar la seguridad, está allanando el camino a la especulación, creando nuevos núcleos de población en zonas de alto riesgo sin garantizar su protección.
Peticiones de la Plataforma Ecologista Madrileña
En base a la realidad expuesta, la Plataforma ecologista Madrileña, formada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura, plantea pide que no se simplifique el problema de los incendios forestales. Actuar para frenar su efecto devastador cada verano, requiere trabajar desde diferentes perspectivas, pero es prioritario, reducir las situaciones de riesgo actuando con eficacia sobre las causas. Los programas de prevención deben basarse en las causas principales en caca zona. La reducción de densidad vegetal hay que hacerla en los entornos urbanos y en las vías de comunicación y hay que frenar la dispersión urbana generando. No se pueden seguir autorizando nuevos asentamientos residenciales en suelo forestal. Y en los ya existentes es necesario reducir, tanto en el interior, como en su entorno el riesgo de ignición. Pero en ningún caso se puede demonizar el sotobosque, el matorral, los espacios protegidos. Todo ello forma parte del patrimonio natural diverso que forma el monte español en sus diferentes regiones.
El incendio de Tres Cantos-Viñuelas fue un aviso. Lo que está ocurriendo ahora en el suroeste de Madrid y en la provincia de Ávila, con decenas de miles de hectáreas de espacios Red Natura 2000 calcinadas, es la confirmación de que, si no se cambia el modelo, esta historia se repetirá una y otra vez, con consecuencias cada vez más trágicas para las personas, para la biodiversidad y para nuestro patrimonio natural.
Para más información sobre la Plataforma Ecologista Madrileña:
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